lunes, 2 de julio de 2012

Nuevo repago en sanidad: hacia la privatización pasando por la financiación obligatoria.


Las nuevas fórmulas o tasas en el repago de medicamentos que el gobierno nacional del Partido Popular ha instaurado este domingo 1 de Julio –permítanme celebrar  que la Eurocopa haya terminado, no solo por la victoria de España en la misma, que también, sino porque ha sido utilizada desde su comienzo y de una manera sistematizada para anunciar, explicar (poco) y  aplicar terribles decisiones para la ciudadanía- es un gravísimo ataque a los derechos de los ciudadanos y un paso más en el cambio del modelo social de este país, en este caso en sanidad.

Para intentar explicar por qué elevo esta afirmación es necesario contestar a algunas preguntas que pueden aclarar ciertos asuntos al respecto de este tema. No se intentará, aunque sé que los españoles lo habrían agradecido, explicar el tramo en el que, a partir de ayer, usted se encuentra y, por lo tanto, el porcentaje de dinero que deberá abonar a su farmacéutico por las medicinas.

¿Cuándo se aplicará la medida?

El aumento del repago, para parte de la ciudadanía, y el nuevo para los pensionistas ha entrado en vigor el 1 de Julio (unas horas antes de la victoria de España en Kiev).

¿Cuánto debemos pagar?

Se introduce un nuevo sistema de códigos en las recetas (adiós a las recetas rojas y verdes) que van desde el 1 al 6. Según ese código, el farmacéutico cobrará un porcentaje distinto. Un 10% a los pensionistas con un máximo de 8 euros si su pensión es menor de 18.000 euros al año y de 18 euros si es mayor. Un 40%, como pagaban hasta ahora, a los trabajadores que ganan menos de 18.000 euros al año, un 50% para los que sus rentas lleguen hasta los 100.000 euros al año y un 60% para quienes ganen aún más. Básicamente, estas son las nuevas tarifas. 

¿Quién toma esta decisión, quién y dónde se aplica?

La decisión de ampliar el repago en los medicamentos la toma el consejo de ministros aunque, en la práctica, serán las comunidades autónomas las que cobren las nuevas tasas. Ya hay curiosidades al respecto como, por ejemplo, Cataluña o el País Vasco que, a día de hoy, no están aplicando la nueva norma (los primeros esgrimen el argumento de falta de tiempo y los segundos, directamente, se declaran “objetores” de la misma). Además añadir que Andalucía, además de recurrir la norma al Tribunal Constitucional, no cobrará más de los 8 o 18 euros que los pensionistas pueden aportar (tendrá su explicación después). Tampoco lo hará Galicia. Por último tenemos Asturias que tampoco está aplicando la medida por “su gran complejidad técnica.”

¿Por qué este cambio en el pago de los medicamentos?

En este caso deberíamos diferenciar entre las circunstancias que hacen al gobierno poder justificar esta impopular medida y los motivos, a mi juicio, reales.

En primer lugar el Gobierno toma esta medida apoyándose en la caída de ingresos producida por la crisis económica que ataca a Europa, y asola a España, desde el 2008 (brotes verdes incluidos). Es una acción con la que esperan ahorrar 440 millones de euros (va unida, si no me equivoco, a la retirada de más de 400 fármacos de la lista de los subvencionados por la seguridad social) Esta es la justificación que parece poco convincente por varios motivos:

                - No se ha realizado informe económico. Muy de este gobierno, esos 440 millones de euros son supuestos porque no hay un informe económico que respalde ofrecer esa cifra a la ciudadanía. Además no se tiene en cuenta el dinero que ha costado, o está costando, implantar esta nueva medida. De haber sido la fórmula mediante unas tarjetas personales con los datos fiscales, creo que hoy abandonada, el coste habría sido de 900 millones de euros (según diversos medios de comunicación). La fórmula, sin tarjetas, es de imaginar que ha costado mucho menos, pero no sabemos, a día de hoy, cuanto exactamente. 

                - Si se busca aumentar los ingresos existe la posibilidad de aumentar los impuestos (vía IRPF o Patrimonio) que, mediante otras fórmulas, no penalizarían la enfermedad de las personas. Indistintamente del nivel de renta, que sí se tiene en cuenta a la hora de pagar, aquélla persona que tenga la desgracia de tener una peor salud o más problemas relacionados con la misma, contribuirá más a la financiación del Estado. Digamos que lloverá sobre mojado.

                - Existen otras fórmulas de ahorro como, de una vez por todas, que se distribuyan exactamente las píldoras, jarabes o cápsulas exactas que el tratamiento necesite. Quizás de esta manera no tendríamos los cajones llenos de “medias tabletas” (por cierto acción tampoco vista nada bien por los facultativos).

En realidad se me ocurre que el gobierno busque dos objetivos muy distintos de los anunciados:

                - A largo plazo es un nuevo paso hacia la privatización del sistema. Este paso es gigante porque amplía el repago y, además, puede ser predecesor (como vemos en comunidades autónomas como Cataluña) de medidas de copago en asistencia al médico de cabecera, hospitales, pruebas diagnósticas, etc… El recorte en sanidad, sea cuál sea, la hace más pobre y peor, de tal manera que todo aquél que disponga de ciertos medios (entiéndase desde la clase media en adelante e, incluso y tratándose de la salud, clases más populares aún) se planteará contratar seguros privados o asistir, puntualmente, a la medicina privada. Retraso en listas de espera, mala atención por falta de personal, copagos, etc… son parte de una estrategia de deterioro (utilizado también en otros sectores públicos). 

                - A corto plazo financiación a la desesperada del Estado. Es menos evidente pero ahí está. A nadie se le escapa que España sufre cada día para financiarse, que no disponemos de “cash” y que cuando nos prestan es a elevados intereses. No pagar o cobrar ahora para devolver después es una fórmula muy buena para aumentar los números en la tesorería. Si no ¿cuál es el motivo para cobrar a un pensionista más de lo que debe aportar con la promesa de devolverlo en tres o seis meses? Si un pensionista tiene que aportar, como máximo, 8 euros ¿por qué extraer de su bolsillo, por ejemplo en un mes, 100? En realidad no tiene ningún sentido a primera vista y más cuando, como hemos podido comprobar, comunidades como Andalucía no cobrarán más de esos 8 o 18 euros que tienen que aportar nuestros pensionistas.

Por cierto, y como colofón, debido a que la fecha era muy dada a la distracción nacional y pareciendo poco lo descrito, se aprovechó para subir la luz, el gas, la botella de butano y, esto un par de días antes, endurecer la más dura reforma laboral aprobada en este país.

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